legitimidad, por mucho que la amparen la Constitución y un Real Decreto (2377/ 1985) que calificaba el concierto educativo como “el instrumento jurídico preciso para aquellos centros privados que desean impartir la educación obligatoria en régimen de gratuidad”. Las ulteriores leyes de educación –la última, la LOE– han corroborado el mismo criterio.
Sin embargo, el mismo Real Decreto abría la puerta, de manera indirecta, a una posibilidad peligrosa que ha terminado por convertirse en el principal problema de la escuela concertada: por un lado comprometía a la Administración a “asignar fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados”, pero a la vez autorizaba a que los colegios pudieran recibir de los padres –aunque siempre con carácter voluntario– unas cuotas destinadas a sufragar lo que el texto denomina “actividades complementarias”. Aunque la ley no explicita cuáles son esas actividades, en realidad se trata del servicio de comedor, el transporte y las clases de refuerzo.
En principio, el contrato está claro: la Administración subvenciona lo estrictamente necesario –el mantenimiento material del centro y los salarios de los profesores y personal administrativo– y los demás gastos del colegio, considerados automáticamente como lujos, corren a cuenta de los padres, aunque no se les puede obligar a costearlos.
Fondos que no cubren el coste
El problema aparece cuando, en virtud de que los concertados pueden recibir ayuda económica de los padres, la Administración interpreta que de hecho la reciben, y que por tanto necesitan menos dinero público. Solo un razonamiento así puede explicar la inmensa diferencia entre lo que perciben las escuelas públicas y las concertadas: la plaza en un centro público cuesta al fisco una media de 6.567 euros anuales, por los 2.771 de la plaza concertada.
Además, a lo que los colegios públicos reciben de las comunidades autónomas hay que añadir los gastos que sufragan los ayuntamientos, o las consejerías de Educación en el caso de los institutos: agua, luz, conserjería o construcción de nuevas instalaciones como polideportivos. En cambio, la escuela concertada debe financiarse estos mismos conceptos con una ayuda pública que está en torno a los 6.000 y 8.000 euros por aula, muy lejos de la que le corresponde a los centros públicos.
A no ser que en los colegios públicos se derroche el dinero o se paguen sueldos desorbitados, esta diferencia significa que el supuesto “sostenimiento económico” al que se comprometía la Administración, en la práctica, no se cumple, lo que condena a los centros concertados a la inestabilidad económica.
También les obliga a convertirse en expertos en marketing: o consiguen convencer a los padres de que aporten lo que les niega la Administración o están condenados a la quiebra. Claro que, para que los alumnos estudiaran en igualdad de medios con los de la pública, tendrían que conseguir que los padres abonaran más de 3.700 euros anuales, que es la diferencia entre lo que aporta el Estado dependiendo de si la plaza es pública o pertenece a uno de los centros concertados.
La concertada, más castigada por la crisis
Pero la capacidad de pago de las familias no llega a tanto. Según datos del INE de 2009, las familias con hijos en la concertada gastaban de media 1.433 euros al año por plaza, incluyendo material escolar, uniformes, comedor… La media del gasto de las familias en la pública es de 658 euros. Sumando lo que aportan la Administración y las familias, la diferencia en cuanto a recursos económicos sigue siendo enorme a favor de la escuela pública.
Aun así, la concertada está sufriendo una campaña que ha aprovechado las prácticas de algunos colegios –según las acusaciones, habrían vulnerado el principio de no obligatoriedad de las cuotas– para extender la sospecha hacia todo el sector. Esta es la preocupación de Emilio Díaz, portavoz de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), mayoritaria en el sector de la escuela concertada: “Espero que el control que van a establecer [sobre la voluntariedad de las cuotas] no sea una llamada a que los padres no colaboren con nuestros colegios, porque si no lo hacen, directamente tendremos que cerrar” (El País, 10-11-2010). Y es que el cobro y las cuantías de las cuotas se han convertido en el principal caballo de batalla para los críticos del concierto económico. Con la batalla ideológica antiprivatización latente, la económica puede terminar por ahogar a este sector de la educación.
De hecho, la crisis ha perjudicado, como era de esperar, a los ingresos de los colegios privados y concertados. Por ejemplo, en el último curso, que ha supuesto un aumento de matriculaciones en términos absolutos, la concertada se ha quedado estancada.
¿Selección encubierta?
Otra de las acusaciones más frecuentes es la de que las escuelas concertadas provocan una especie de selección del mejor alumnado a través de las cuotas, que impiden a las familias más desfavorecidas acceder a sus plazas. Tal crítica supone, de manera simplista, que los mejores alumnos son los que provienen de familias con más dinero. Además, olvida el hecho de que las cuotas son voluntarias.
La acusación de elitismo sirve en muchos casos para encubrir los problemas específicos que aquejan a la escuela pública. Uno de ellos es la concentración de extranjeros en sus aulas. Nadie niega que la acumulación de estos alumnos –cerca de un 80% estudia en centros públicos– genera frecuentemente problemas de integración. Pero esto es también una consecuencia de que las plazas en los centros públicos y concertados se adjudican, en buena parte, según el domicilio del alumno.
La realidad es que las normas de admisión de cualquier centro concertado han de ajustarse a una regulación específica, prácticamente igual a la de la enseñanza pública. Si existe algún tipo de favoritismo o exclusión es tan denunciable como si ocurriera en un colegio público.
Ahorro para el Estado
En muchas ocasiones el debate acerca de la escuela concertada se contamina de otros, como el de si es legítimo que las arcas públicas de un estado laico subvencionen centros confesionales.
Los centros concertados suponen actualmente un ahorro de más de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas
En ambos casos, el argumento suele ser el mismo: el que quiera una escuela diferente –diferente de la pública, se entiende–, que se la pague él, no con el dinero de todos. Lo que ocurre es que en ese “todos” están incluidos también los padres que llevan a sus hijos a centro privados o concertados, confesionales o no, y que por tanto no se benefician directamente de los impuestos con los que contribuyen al sostenimiento de los centros públicos, que constituyen el 70% del total.
Una proporción que no está acorde con el gasto presupuestario. En todas las comunidades autónomas españolas el porcentaje del presupuesto de educación destinado a las escuelas concertadas es inferior al que les correspondería por el número de alumnos que estudian en este tipo de colegios. En total, según datos de la CECE, los centros concertados suponen actualmente un ahorro de más de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas.
Sin las cuotas destinadas a cubrir las denominadas «actividades complementarias» los colegios concertados no podrían mantenerse
El error de fondo es confundir dinero público con dinero del Estado. En realidad, el dinero público es de la sociedad, y la elevada demanda de plazas en los centros concertados indica que la sociedad está a favor de este tipo de escuelas. El derecho a la educación reside en los padres, y la elección del centro es una parte importante de ese derecho.
Los retos del sistema público
En principio, la escuela pública tiene muchas bazas que juegan a su favor y debería atraer a los mejores profesores. Las oposiciones de acceso aseguran en teoría la competencia profesional de los docentes. Además, la ratio de alumnos por profesor en la pública es inferior a la de la escuela concertada, que acoge a un 28% del alumnado frente al 24% de los docentes. Si a esto añadimos que los sueldos de los profesores en la pública son netamente superiores –un 25% según CC.OO. y más de un 40% según la FERE– y que su jornada lectiva semanal es en torno a un 25% menor, lo lógico sería esperar un profesorado altamente motivado y capacitado para realizar su trabajo.
A pesar de todo, el rendimiento académico no es mejor en los centros públicos: durante la etapa obligatoria el abandono escolar en los centros públicos es del 33%, mientras que en la concertada se queda en el 13,9%. Los que repiten curso durante esta etapa son el doble en la pública, según datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación para el curso 2007-2008. Ya en Bachillerato, el 86,65% de los alumnos de escuelas concertadas consigue titularse, frente al 70,7% de los alumnos de escuelas públicas.
